Red criminal explotaba sexualmente a sus víctimas y las amenazaba con brujería

Eran amenazadas con hacerles daño a sus familias o con supuestas maldiciones de magia negra y santería.

Mediante diligencias de registro y allanamiento, la Policía capturó, en Bogotá e Ipiales, Nariño, a nueve personas requeridas mediante orden judicial y dedicadas a la trata de personas.

Además, fueron rescatadas cuatro víctimas, dos de nacionalidad colombiana, una peruana y una venezolana, quienes eran explotadas sexualmente.

Según las autoridades, la organización delincuencial que fue desarticulada tenía tentáculos criminales en el municipio de Calarcá, Quindío; en la ciudad de Bogotá y en Ipiales, Nariño, que era el centro de operaciones.

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El modus operandi de la red de trata de personas y explotación sexual, dijo la Policía, era la captación de mujeres con vulnerabilidad económica bajo la promesa de un trabajo que les permitiría a ellas y a sus familias tener una vida mejor.

Tras esa oferta, las víctimas eran trasladadas a Ipiales para explotarlas y comercializarlas sexualmente en dos establecimientos acondicionados como clubes nocturnos, en donde eran privadas de su libertad.

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Una vez las mujeres llegaban al establecimiento, eran notificadas de una deuda exorbitante, la cual debían saldar obligatoriamente con servicios sexuales. En caso de negarse, eran amenazadas con hacerles daño a sus familias o con supuestas maldiciones de magia negra y santería.

Además de esto, las autoridades determinaron que las víctimas eran sometidas a tortura física y psicológica, y las ponían bajo vigilancia constante para evitar que salieran del club y dieran aviso a las autoridades competentes.

Pero tres jóvenes víctimas lograron escaparse y denunciaron, lo que permitió comenzar las pesquisas investigativas en las que se logró evidenciar que las jóvenes eran captadas en la ciudad de Bogotá, municipios del Eje Cafetero, Valle del Cauca, Antioquia, y en los países fronterizos Venezuela, Ecuador y Perú.

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Los capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías, que legalizó los procedimientos y profirió medida de aseguramiento a todos en establecimiento penitenciario.

Los nueve capturados deberán responder por los delitos de trata de personas en concurso homogéneo y sucesivo con concierto para delinquir.

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