El jueves 18 de abril, un trágico incidente sacudió la Clínica Medellín, ubicada en El Poblado, cuando el destacado urólogo Juan Guillermo Aristizábal fue asesinado por un paciente psiquiátrico identificado como Jhon Ferney Cano González.

Según las autoridades, Cano González, quien presuntamente padecía de esquizofrenia, habría tenido un inconveniente con un resultado médico no deseado. Tras cometer el crimen, el agresor se suicidó en el baño del consultorio con un revolver. Durante el ataque, Daniela Díaz, asistente del centro médico, resultó herida por disparo en el tórax, pero se encuentra en estado de salud estable.

Después de perpetrar el homicidio, Cano González provocó un incendio en el consultorio, lo que requirió la intervención del Cuerpo de Bomberos Medellín para controlar la situación.

En conversaciones con Blu Radio, el doctor Juan Camilo Arango, colega y amigo de Aristizábal, reveló la difícil situación que enfrentan los médicos en su profesión. Arango afirmó que son constantemente víctimas de amenazas de muerte y extorsiones debido a que la sociedad los cataloga desde el punto de vista de los resultados y no de los medios, olvidando que son seres humanos atendiendo a otros seres humanos.

Este trágico suceso ha generado conmoción en la comunidad médica y en la sociedad en general, evidenciando la necesidad de abordar la salud mental y la seguridad de los profesionales de la salud en su entorno laboral. Asimismo, resalta la importancia de comprender las limitaciones y desafíos que enfrentan los médicos en su labor diaria.

Un hombre señalado de abusar sexualmente de una docente de 60 años en una institución educativa rural del municipio de San Roque, Nordeste antioqueño, fue capturado por la Policía Nacional y enviado a prisión por orden judicial.

De acuerdo con las investigaciones, el pasado 10 de abril el sujeto ingresó al centro educativo y agredió a la profesora con un arma blanca, causándole heridas en el abdomen y el cuello. Además de la violencia física, el individuo presuntamente abusó sexualmente de la víctima y le robó un computador y un teléfono celular.

Tras la denuncia, agentes de la Policía Nacional lograron la captura del sospechoso, a quien le encontraron en su poder los objetos hurtados a la docente. Durante la audiencia de imputación de cargos, un fiscal le atribuyó los delitos de tentativa de feminicidio, acceso carnal violento y hurto calificado y agravado. Sin embargo, el acusado no aceptó los cargos.

Este hecho ha generado conmoción e indignación en la comunidad educativa y en la sociedad en general, que reclaman justicia y medidas contundentes para proteger a los educadores y prevenir este tipo de agresiones en los entornos escolares.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los detalles del caso y recolectar las pruebas necesarias para llevar al responsable ante la justicia. Mientras tanto, se espera que la víctima reciba todo el apoyo médico, psicológico y legal necesario para afrontar esta difícil situación.

Mandatarios locales decidieron no acatar la medida y mantener actividades laborales con normalidad El sorpresivo decreto emitido por el presidente Gustavo Petro en la tarde del jueves 18 de abril de 2024, que establecía el viernes 19 de abril como un día cívico, generó controversia y rechazo por parte de varios alcaldes y gobernadores del país.

A pesar de que la orden presidencial buscaba que el sector público cesara sus actividades laborales durante este día, con el objetivo de contribuir a mitigar la crisis de sequía mediante el ahorro de agua y energía, la medida no fue acatada por varios mandatarios locales. Entre los alcaldes que expresaron su desacuerdo y decidieron no implementar el día cívico en sus jurisdicciones se encuentran Federico ‘Fico’ Gutiérrez, de Medellín; Alejandro Éder, de Cali; y Alejandro Char, de Barranquilla.

Estos líderes municipales comunicaron a través de sus redes sociales que el viernes 19 de abril las actividades laborales de todas las dependencias en sus respectivas administraciones se llevarían a cabo con normalidad. La decisión de estos mandatarios locales de no acatar el decreto presidencial ha generado un debate sobre la autonomía de los entes territoriales y la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno en situaciones de emergencia.

Algunos expertos señalan que la medida del presidente Petro, aunque bien intencionada, pudo haber sido implementada de manera apresurada y sin suficiente concertación con los líderes regionales. Ahora, se espera que el gobierno nacional y los mandatarios locales entablen un diálogo para encontrar soluciones conjuntas y efectivas frente a la crisis de sequía, buscando un equilibrio entre las necesidades de ahorro de recursos y la continuidad de las actividades esenciales en cada territorio.