En lo que va de diciembre van más de 290 quemados en el país

El último registro del Instituto Nacional de Salud (INS) muestra un aumento del número de lesionados con pólvora: 297 personas, lo que equivale a 11,2% frente a 2017 cuando se registraron 267.

Del total de lesionados con pólvora, 132 son menores de 18 años con un aumento del 1.5% frente a 2017 cuando el registro fue de 130. A la par, el número de adultos afectados está en 165, con un aumento del 20.4% frente a 2017 cuando se presentaron 137 casos.

Valle del Cauca, Atlántico y Cesar continúan liderando el número de personas lesionadas por el uso inadecuado de estos detonantes. Del total de casos registrados en los últimos días, 47 ocurrieron en Atlántico, 43 en Valle del Cauca con 43 y 14 en Cesar.

Los departamentos que mantienen su registro son Antioquia con 28, Cauca con 15, Nariño con 14, Barranquilla con 13, Bogotá con 9 y Norte de Santander con 5.

Ante este panorama, el INS se encuentra en alerta con la llegada de las festividades ya que son dos fechas, Navidad y año nuevo, “claves” para el incremento en el número de lesionados, con un registro en el último año de un poco más de 400 personas afectadas para esta época.

El subdirector de Riesgo del INS, Hernán Quijada, explicó que pese a las campañas de promoción y prevención, siguen existiendo prácticas de riesgo entre la ciudadanía. “La mezcla de consumo de alcohol y el uso de pólvora ha permitido que haya más lesionados en esta temporada navideña en adultos. Así mismo, la permisividad de padres y cuidadores con nuestros niños en el momento de negar el uso de la manipulación de la pólvora ha ocasionado que el número de niños quemados este año sea mayor que a la del año pasado”, puntualizó.

Con respecto al tipo de lesión, la entidad en salud reportó que las quemaduras registran un 90.9% con 270 casos, seguido de laceración con un 69.7% y 207 casos, contusión 28.6% y 85 registros, daño ocular con un 8.85% reflejados en 26 casos.

Con respecto al tipo de artefacto, los totes representan el 23.5%, seguido de los cohetes con un 6.7%, luces de bengala un 6.36% y volcanes un 5.6%.

A su turno, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Juliana Pungiluppi, se mostró en alerta ante el aumento en el número de niños quemados con pólvora. Agregó que la entidad asigna a cada caso de menor lesionado a un defensor de familia para determinar las causas.

“El ICBF asigna a cada caso de menor de edad lesionado con pólvora un Defensor de Familia que determina las causas de las lesiones y revisa en qué contexto ocurrieron y si hubo algún tipo de omisión o vulneración por parte del padre de familia, se aplican amonestaciones”, aseguró la funcionaria.

En ese sentido, la directora del ICBF resaltó que la entidad ha interpuesto siete denuncias penales para que se investigue la presunta responsabilidad, por acción u omisión, de los padres de familia o responsables de los niños, niñas y adolescentes que resultaron lesionados con pólvora. Las denuncias se interpusieron en la Fiscalía General en los departamentos de Valle del Cauca y Antioquia.

“Es lamentable que, a pesar de los esfuerzos, de las campañas en contra del uso de la pólvora, sigamos reportando casos tan dolorosos como el ocurrido a un adolescente en Tumaco que manipuló un artefacto y perdió tres dedos y puede llegar a sufrir la amputación de la mano”, señaló Pungiluppi.

Entre el 1 y el 18 de diciembre, el ICBF ha amonestado a 19 padres de familia o cuidadores. De estos, cinco con del Valle del Cauca, de Sucre 3, Antioquia con 2, Nariño con 2, Bogotá con 1, Caldas con 1, Cesar 1, Norte de Santander 1, Magdalena 1, Santander 1 y Arauca 1.

Entre los tipos de lesiones sufridas por los niños, niñas y adolescentes se reportan 11 casos de daño ocular y 7 amputaciones en dedos de las manos.

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Secretario ambiental de Santander promueve el reciclaje en el Día Mundial del Reciclaje

Invitación especial a la comunidad para separar adecuadamente los residuos y apoyar a los recicladores de oficio

En el marco del Día Mundial del Reciclaje, el secretario ambiental del departamento de Santander ha realizado una invitación especial a la comunidad para promover prácticas de separación de residuos. Siguiendo la resolución 2184 del 2019, se recomienda separar los residuos en bolsas blancas para los aprovechables, bolsas negras para los no aprovechables y bolsas verdes para los residuos orgánicos.

El departamento de Santander cuenta con aproximadamente 8,000 recicladores de oficio, cuyo esfuerzo diario contribuye al mejoramiento del entorno ambiental. En este sentido, se hace un llamado a respetar y apoyar el trabajo de estos recicladores, considerando que el 80% de las 6,000 toneladas diarias de basura producidas en el departamento son aprovechables.

Para fomentar aún más la labor de los recicladores, se ha anunciado una sorpresa: a partir del 5 de junio se abrirá una convocatoria para la entrega de motocarros a las asociaciones de recicladores. Se destinarán seis motocarros para facilitar y mejorar su trabajo diario.

El mensaje del secretario ambiental enfatiza la importancia de seguir las tres erres: reducir, reciclar y reutilizar, como clave para el éxito de estas iniciativas. En Santander, la protección del medio ambiente va de la mano con el bienestar humano, y es tiempo de tomar acción.

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Damnificados de ciénaga del Opón fueron caracterizados para ayudas

Más de 150 familias del corregimiento han sido evaluadas en respuesta a las recientes afectaciones.

La Subsecretaría de Gestión del Riesgo ha llevado a cabo una caracterización de más de 150 familias en el corregimiento de Ciénaga del Opón, con el objetivo de brindar apoyo y ayudas ante las consecuencias del aumento de las lluvias en la región. Este esfuerzo busca ofrecer asistencia a aquellos afectados por inundaciones, caída de árboles y movimientos de tierra.

En un reporte preliminar, se informó que durante la última noche se registraron nueve eventos en el casco urbano de Barrancabermeja, incluyendo inundaciones, caídas de árboles y deslizamientos de tierra. Equipos de la Subsecretaría de Gestión del Riesgo están actualmente en Ciénaga del Opón realizando la caracterización de las viviendas afectadas por las precipitaciones recientes.

La comunidad ha sido alentada a comunicarse a través de la línea de emergencia para informar sobre eventos relacionados con el clima, tanto en el casco urbano como en la zona rural de Barrancabermeja. Los habitantes del corregimiento de Ciénaga del Opón y las veredas circundantes están siendo incluidos en el proceso de ayuda proporcionado por la Secretaría de Gestión del Riesgo.

Este esfuerzo de evaluación y asistencia también ha contado con la participación de funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, quienes han inspeccionado los cultivos afectados por las inundaciones. La colaboración interinstitucional busca ofrecer una respuesta integral a las necesidades de la comunidad afectada por las recientes adversidades climáticas.

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Se hará dentro de seis meses muro en lote posterior a La USO

Se espera que el proyecto esté terminado para marzo de 2025, tras enfrentar desafíos técnicos y sociales.

Después de que comerciantes de la avenida 36 y miembros de la comunidad educativa expresaran preocupación por la presencia de habitantes en situación de calle en el lote posterior a la Universidad de la Salle, autoridades de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Infraestructura se reunieron con el consejo directivo de la Escuela Normal Superior Cristo Rey. El objetivo es implementar medidas para cerrar este espacio y beneficiar a más de 2050 estudiantes.

Durante la reunión, se destacó que el lote fue recientemente asignado a los habitantes de calle, pero su ocupación permanente ha generado inquietud en la comunidad. Se prevé que el cerramiento esté adjudicado en diciembre, con un tiempo de ejecución de tres meses y una finalización para marzo de 2025. Sin embargo, se han identificado desafíos técnicos que podrían retrasar el proceso.

La construcción del muro enfrentará obstáculos como la necesidad de realizar estudios de suelo y levantamientos topográficos, obtener permisos para la tala de árboles y cumplir con las especificaciones técnicas. La rectora de la institución agradeció el compromiso de las autoridades y destacó la importancia de la paciencia en este proceso.

Padres de familia expresaron su preocupación por la seguridad de los estudiantes y la necesidad de una solución urgente. Se espera que el proceso de construcción tenga una duración mínima de seis meses y que se garantice un cerramiento seguro que responda a las necesidades técnicas y arquitectónicas.